Los marroquíes se dirigirán este miércoles a las urnas para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes, una etapa legislativa crucial para renovar la composición de la Primera Cámara (395 escaños) y definir el nuevo mapa político que permitirá la emergencia de la futura mayoría gubernamental.
Estas elecciones constituyen otra nueva etapa en el camino de la consolidación del edificio democrático en el Reino y del Estado de las instituciones. Permitirán hacer emerger instituciones electas capaces de acompañar los grandes proyectos nacionales, responder a los desafíos económicos y sociales actuales y satisfacer las expectativas de los ciudadanos.
En cifras, el número de inscritos en las listas electorales generales, cerradas al 10 de julio de 2026 al término de la revisión excepcional, asciende a 15.801.162 electores.
Según las estadísticas publicadas en el página web "www.listeselectorales.ma", el cuerpo electoral nacional está compuesto por un 54% de hombres y un 46% de mujeres.
Por otra parte, se presentaron 1.850 listas de candidaturas a escala nacional, que abarcan la totalidad de las circunscripciones locales y regionales, según los datos del Ministerio del Interior recopilados al término del período de presentación de las declaraciones de candidaturas. Estas listas agrupan 7.288 candidaturas, lo que supone una media nacional de más de 18 candidatos por cada escaño de la Cámara de Representantes.
Las elecciones legislativas del 23 de septiembre vienen a consagrar la regularidad de la organización de las citas electorales en Marruecos, de conformidad con las disposiciones de la Constitución de 2011. Se producen asimismo en un contexto marcado por la continuación del debate político en torno al desarrollo del sistema electoral, en un marco institucional que garantiza el respeto de la ley.
Esta cita electoral se caracteriza, además, por la diversidad de los enfoques y las opciones presentados a los electores: algunos actores políticos defienden el balance del mandato que llega a su fin, con la esperanza de proseguir la acción emprendida, mientras que otros ponen de relieve programas y visiones alternativas que tienen como objetivo mejorar la acción gubernamental y legislativa.
En este sentido, los programas electorales de los partidos políticos conceden un lugar central a la cuestión social, con una lista de prioridades encabezada, especialmente, por la preservación del poder adquisitivo y la mejora de los ingresos del ciudadano.
Las diferentes visiones de las formaciones políticas insisten asimismo en la necesidad de revisar los mecanismos de ayuda directa, ampliar los dispositivos de protección social y aliviar la presión fiscal que pesa sobre las categorías vulnerables y la clase media, con el fin de preservar la estabilidad social y atenuar los efectos de la inflación y de las fluctuaciones de los precios.
En el ámbito económico, las orientaciones propuestas por los partidos coinciden en la necesidad de estimular las oportunidades del empleo y apoyar el tejido empresarial, considerado como un factor esencial del crecimiento. Los diferentes enfoques ponen de relieve la creación de oportunidades de empleo adaptadas a los jóvenes y las mujeres, así como la facilitación de la integración del sector informal. También prevén incentivos fiscales y mecanismos de financiación en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas jóvenes, con el objetivo de reforzar la soberanía económica y reducir el desempleo.
Con vistas a garantizar el éxito de esta cita electoral y asegurar su desarrollo en un clima de igualdad de oportunidades entre los diferentes candidatos, lejos de toda práctica susceptible de atentar contra la credibilidad de las urnas y la integridad de la competición electoral, se ha establecido un arsenal de textos jurídicos y medidas procedimentales con el fin de garantizar la moralización de la operación electoral, para convertirla en un vector de consolidación del ejercicio democrático.
En efecto, el dispositivo electoral relativo a las Legislativas del 23 de septiembre incluye nuevas disposiciones destinadas a moralizar las operaciones electorales y reforzar su transparencia, con la ambición de rehabilitar el papel del actor político y restablecer la confianza entre los ciudadanos y las instituciones electas.
Este dispositivo prevé, en particular, un endurecimiento de las sanciones relacionadas con las infracciones electorales, en el sentido de que 28 artículos de un total de 32 han sido modificados, con un aumento de las penas privativas de libertad y de las multas, mientras que algunas infracciones han sido recalificadas como delitos debido a su gravedad.
También se prohíbe presentar candidaturas a las personas perseguidas en estado de flagrante delito por infracciones que atenten contra la probidad y las buenas costumbres o contra la credibilidad del proceso electoral. Del mismo modo, las personas condenadas en primera instancia por delitos, así como aquellas condenadas en apelación, pierden su elegibilidad.
Las nuevas disposiciones también criminalizan la utilización de las redes sociales, las herramientas de inteligencia artificial y las plataformas electrónicas en la comisión de infracciones electorales, en particular mediante la difusión y propagación de "deepfake", "fake news" o el montaje de imágenes o declaraciones con el objetivo de difamar a candidatos o atentar contra la vida privada de los electores. Prevén, además, la supresión de las penas alternativas aplicables a las infracciones electorales relativas a las elecciones de la Cámara de Representantes.
En ejecución de las Altas Instrucciones dirigidas por Su Majestad el Rey Mohammed VI al ministro del Interior y al presidente del Ministerio Público, con el fin de velar por el buen desarrollo de las elecciones legislativas, se procedió a la activación de la comisión central de seguimiento de las elecciones, así como de las comisiones provinciales compuestas por el wali o el gobernador y por el fiscal general del Rey o el fiscal del Rey. Del mismo modo, se activaron las comisiones regionales con la misión de acompañar los trabajos de las comisiones provinciales en cada una de las doce regiones del Reino.
Estas comisiones están encargadas de adoptar las medidas prácticas necesarias para preservar la integridad y la credibilidad de la operación electoral y realizar el seguimiento de su desarrollo, desde la fase actual hasta la proclamación de los resultados, en estricto respeto de las leyes y sin menoscabo de las prerrogativas de las autoridades legislativas, judiciales y administrativas.
En el mismo contexto, las Legislativas del 23 de septiembre serán observadas por varias organizaciones no gubernamentales, así como por instituciones nacionales e internacionales, con el fin de contribuir a garantizar la transparencia y la integridad de la operación electoral.
La comisión especial de acreditación de los observadores de las elecciones concedió así su acreditación a 3.006 observadores y observadoras, que representan a 26 asociaciones no gubernamentales y una institución nacional (entre ellos, 783 observadores del Consejo Nacional de Derechos Humanos y 2.023 procedentes de asociaciones de la sociedad civil marroquí).
Estos observadores y observadoras serán desplegados en las doce regiones del Reino, además de 30 entidades y organizaciones internacionales, regionales y diplomáticas, que estarán representadas por cerca de 200 observadores y observadoras procedentes de las diferentes regiones del mundo.
Los ojos estarán, por tanto, puestos en el resultado de este escrutinio legislativo y en los resultados de las urnas, que deberían dibujar los contornos de la composición de la institución legislativa y del próximo Gobierno, llamado a traducir los compromisos electorales en políticas públicas concretas, capaces de acompañar los grandes proyectos y establecer una gobernanza orientada al desarrollo, capaz de responder a las aspiraciones y expectativas durante la próxima etapa.
MAP: 22 Septiembre 2026
